¿Cómo guardar esperanzas en un país donde las mejores estrategias de control son las masacres y las minas antipersonal?

Las minas antipersonales son artefactos explosivos utilizados en contextos de conflicto. Este tipo de armas son elaboradas por la industria guerrerista de Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Pakistán, etc. También se elaboran de forma “hechiza”, en el caso colombiano, por grupos ilegales como las FARC, quienes utilizan recipientes de plástico (PVC), jeringas,  material explosivo, metralla, estiércol humano y demás elementos, de manera que la avanzada militar sea contrarrestada en el mayor grado posible.

El uso de minas antipersonales se da en casi toda la geografía mundial. Dado que su accionar es efectivo, éstas son utilizadas para la guerra en territorios como Bosnia, Afganistán, Angola, Camboya, Irak, Mozambique, Ruanda, Somalia, entre otros países de la Yugoslavia. Sin embargo, este flagelo también se presenta en países latinoamericanos como El Salvador y Colombia, lo cual genera  profundos impactos en víctimas de todo género.

Minas antipersonal en el contexto colombiano

Según el acuerdo de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, del Programa Presidencial, el número de eventos presenta una tendencia creciente hasta 2004, año en el que la serie inicia un comportamiento irregular con disminuciones en el 2005, 2007 y 2008, y aumentos en el 2006 y 2009. En el periodo comprendido entre 1990 y 2009, el 35% (2.923) corresponden a víctimas civiles y el 65% (5.322) a víctimas militares.  Igualmente, del 2002 al 2009 se presentó en el Huila 246 casos de 10.091 presentados en todo el país durante el mismo  periodo.  Aunque su número es reducido en torno a la cifra general, su exposición sugiere una reflexión profunda sobre las causas y consecuencias del conflicto local en materia de minas.

El balance de Minas Antipersonal presentado por la Presidencia de la República, de enero a junio 30 de 2010 Muestra que se han presentado 158 heridos y 26 muertos en la Fuerza Pública. En civiles se presentaron 54 heridos y un muerto para un total de 212 heridos y 27 muertos. Cabe resaltar que la información estadística no es objetiva si se tiene en cuenta que muchos casos nunca se registran, además, la información oficial siempre es sesgada. Sin embargo, no es poco grave que en un lapso de 6 meses el número de víctimas llegue a ese nivel de casos.

Un argumento más que refuerza estas afirmaciones es un reportaje publicado el 16 de septiembre por Semana, donde se afirma que “en los primeros cuatro meses de este año, la víctimas registradas ascienden a 32 de 29 en el 2005, cuyos mayores responsables son las FARC y el ELN”, lo que  sugiere mayor responsabilidad por parte de las autoridades competentes en sus actividades militares y en el desarrollo de programas pertinentes, eficaces o coherentes.

Obstrucción de prácticas de vida

Estas actividades de guerra traen consigo consecuencias en aspectos como el psicológico, físico, económico, sociocultural y medioambiental. En el caso psicológico, las víctimas sufren la obstrucción de sus prácticas de vida como la educación, el trabajo, la sexualidad y el futuro, lo cual conduce a una frustración interna de odio, rencor, depresión, donde los sueños escapan a una posible realidad.

Concerniente a lo físico, las consecuencias son aún más frustrantes. El cuerpo sufre fracturas generadas por la elevación y caída producto de la explosión, la metralla (tornillos, tuercas, láminas de acero, etc.) perfora la carne, rompe los huesos, arranca extremidades, crea daños permanentes o momentáneos en la visión y destruye, en la mayoría de casos, el sistema auditivo de las víctimas. A esto se agrega el efecto de la onda expansiva que ocasiona contusión modular.

Respecto a lo económico, muchas de las víctimas son personas pobres, que viven en la condición más deprimente y vulnerable. Peor aún, las garantías del Estado son mediocres por no decir inexistentes, pues el multiforme conflicto en que se desarrolla este flagelo, le lleva años luz a la capacidad de comprensión del gobierno y a su política pública encargada de este tema, la cual, sobra decir, es insuficiente  en materia de emergencias humanitarias.

 En lo sociocultural, no sólo se afecta el vejado directo, sino también a familiares y cercanos, quienes se llenan de odio y temor por la vulnerabilidad en la que están inmersos. Y una consecuencia no menos grave es el deterioro medioambiental, ya que los elementos químicos de que se componen las minas, son potencialmente nocivos para las fuentes de agua natural, esterilizan la tierra de cultivo y contaminan las cosechas, contribuyendo esto, al colapso total de la dignidad humana. Por otro lado, dicha vulnerabilidad se da por factores como la condición climática, pues muchas minas son removidas por inundaciones de lluvia, lo que hace que la localización de las mismas sea imposible. La mayoría de veces las minas se entierran en zonas de cultivo donde el labriego trabaja la tierra.

Otro problema grave que pone en vilo la situación de las víctimas es la poca comprensión del conflicto colombiano por parte de las instituciones gubernamentales y académicas. Orlando Fals Borda y Germán Guzmán, en el libro la Violencia en Colombia, ponen de manifiesto que el problema principal del conflicto en Colombia es la poca capacidad para comprenderlo. Los intelectuales del país no han podido investigar sobre el tema dado los riesgos a que se exponen en el trabajo de campo y por la poca inversión económica en las actividades investigativas de las universidades.

Investigaciones ineficientes

La investigación del conflicto colombiano está en su etapa infante, incipiente e impune. Desde luego, el fenómeno de las minas, es un apéndice de la violencia colombiana. Y el mismo gobierno reconoce la negligencia, omisión y antipatía que lo caracteriza, ya que en la Convención sobre la prohibición del uso de minas, concertada por el Programa Presidencial en este tema, expone que Colombia no cuenta con  información suficiente para determinar con la precisión requerida las zonas donde existen campos minados.

¿Qué desear de un país donde el caso Watergate le quedó en pañales al famoso caso de las chuzadas del DAS?

El panorama en esta materia de los Derechos Humanos es sombrío y poco prometedor. Muchas  denuncias a este respecto se quedan impunes en los archivos empolvados de la justicia, pues no es un secreto que la institución judicial colombiana está a punto del colapso, debido a su inoperancia, es decir, por el cúmulo de procesos que quedan sin fallar. La corrupción administrativa también hace su aporte, pues resulta ingenuo y hasta estúpido esperar que la rama judicial resuelva algo en esta materia. ¿Qué esperar de esta institución cuando presenta fracturas estructurales, carece de recursos para las investigaciones y los jueces y fiscales son amenazados? ¿Qué esperar de la diligencia social si el gobierno no garantiza seguridad a los testigos?

¿Qué esperar cuando desde el gobierno central se ponen en prácticas manuales de amenaza y crimen? ¿Qué esperar de una justicia sobrecargada, confundida, burlada y obstaculizada por controversias como las de la rama Ejecutiva? ¿Qué desear de un país donde el caso Watergate le quedó en pañales al famoso caso de las chuzadas del DAS? ¿Qué sugiere la infame práctica de las ejecuciones extrajudiciales? ¿Cómo guardar esperanza en un  país donde se subsidia el paramilitarismo y se patrocina su reorganización? ¿Cómo guardar esperanzas en un país donde las mejores estrategias de control son las masacres masivas y las minas antipersonal, cuyos principales objetivos son los campesinos e indígenas?