Censura de prensa en Colombia, el periodista en la mira de la Plutocracia.



Foto: Germán Osorio Arias



Una de las formas eficaces e infames de censurar la libertad de prensa es  asesinando periodistas. Dicho flagelo ha permeado el terror en trabajadores de la reportería quienes, además de arriesgar sus vidas,  exponen la de sus familiares y amigos al interés afectado. Estos actos se presentan en contextos de alta peligrosidad. Su principal causa es determinada por la estrecha relación que el periodista entabla con los distintos centros del poder, tales como el paramilitarismo, el narcotráfico, la política, la fuerza pública y la corrupción institucional.

El 19 de marzo del presente año fue asesinado Clodomiro Castillo Ospina, propietario y editor  de la revista El Pulso del  Tiempo, quien fue ultimado de 8 tiros en su casa. Castillo había sido amenazado en distintas ocasiones por adelantar investigaciones relacionadas con el paramilitarismo y los nexos con la clase política en Montería. Por otro lado, la periodista Claudia Julieta Duque fue espiada por el DAS y ha sido obligada a huir del país debido a la persecución adelantada por dicha institución en contra de periodistas que pesquisan sobre las interceptaciones ilegales.

El sistema numérico que promedia los niveles de censura de la prensa no siempre converge con la realidad, sin embargo, las cifras presentadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ponen de manifiesto alarmantes situaciones que sugieren una detenida reflexión. En este año se ha asesinado a un periodista, en el 2009 se ultimó uno y en el 2008 no se registró ninguno. No porque no hayan existido casos, lo que sucede es que no se cuentan porque no se les ha establecido si el crimen  fue cometido en el ejercicio de las labores periodísticas.

Foto: Germán Osorio Arias

Según esta Fundación, desde 1977 hasta la fecha, se han registrado 136 casos de asesinatos a periodistas, lo cual no es una cifra pequeña si se relaciona con los casos presentados en América Latina y el Mundo durante el mismo tiempo. Los años en que más se asesinó periodistas en Colombia fueron 1989 con 11 casos, 1991 con 10 y  2002 con 10 casos. Aunque en 2009 se registró un solo caso, sí se reportó 74 amenazas, tres más que en el 2008. El año 2009 presentó un total de 157 casos registrados con 258 víctimas en violaciones (de todo género)  a la libertad de prensa. En 2008 se presentaron 129 casos con 180 afectados. Es decir, el año 2009 aumentó con 28 casos afectando a 78 personas más que el año anterior.

La Vicepresidencia de la República, en su informe Indicadores sobre derechos humanos y DIH del año 2009 en coherencia con la FLIP, manifiesta que “entre 2008 y 2009 se presentó un aumento del 22% en cuanto a violación en libertad de prensa, pasando de 129 a 157 y del 43% en relación a las víctimas aumentando de  180 a 258”.  Según la Fiscalía General de la Nación, la mayoría de estos casos se da por investigaciones relacionadas con las chuzadas del DAS, pues dicha institución judicial reportó 16 casos de interceptaciones ilegales a periodistas que investigan sobre estos casos.



Foto: Germán Osorio Arias

 Las muertes y amenazas presentadas durante los últimos años, evidencian toda una estructura diseñada para tal fin. Los grupos paramilitares, en coligación con políticos, funcionarios públicos y delincuentes comunes, muestran la puesta en práctica de estrategias de control que permiten la aniquilación efectiva de los periodistas. Un caso ilustrativo, publicado por Verdadabierta.com, es el asesinato de Emeterio Rivas, quien fue asesinado el 25 de abril del 2003 por el ex alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila, quien pagó  150 millones de pesos a paramilitares del Bloque Central Bolívar para ese efecto.

Los reporteros más amenazados son los que cubren las audiencias públicas adelantadas a paramilitares y narcotraficantes. En estas sesiones asisten cómplices de los enjuiciados que filman, graban y fotografían a los periodistas que hacen cubrimiento en esos estrados judiciales.   En lo corrido del año ya van 80 actos de violación a la libertad de prensa con un total de 108 víctimas. Entre los actos están el secuestro, asesinato, amenaza, arresto o detención ilegal, exilio, obstrucción del trabajo, agresión física, etc. 

 No solo el asesinato y las amenazas a periodistas son las acciones más comunes en la censura a la libertad de prensa. Otra forma eficaz de hacerlo es diseñando estrategias de impunidad institucional. La  Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, en su Relatoría para la Libertad de Prensa, asevera que “la mayoría de los casos de asesinato y amenaza a periodistas han quedado impunes y no están siendo investigados por las autoridades judiciales con la efectividad, profundidad y dedicación que ameritan”.

 Diana Calderón, de la Unidad de Registro Rápido de la SIP, Colombia, expone que “en 1998 a 2008, sólo se dictaron 19 condenas por 59 crímenes contra periodistas, asesinados por razones de oficio en los últimos 16 años. En el 2009 se impusieron 5 condenas. Hay homicidios, cuyos procesos llevan más de quince años en la misma etapa de indagación preliminar. Otros 16 de los 59 casos de periodistas asesinados están archivados o suspendidos”. Muchos procesos de este carácter no son atendidos por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, por el contrario, se encuentran esparcidos por las distintas fiscalías del país, en la mayoría de los casos archivados.

Foto: Germán Osorio Arias

 

La impunidad se entiende como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones. Al respecto, Alfredo Rangel, en su artículo de opinión -Impunidad Desbordada-, publicado en Semana.com, denuncia que “la creciente y dinámica amenaza que representa el crimen organizado a nivel global, exige de los Estados una permanente actualización de sus instrumentos jurídicos, so pena de que estos se convierten en rey de burlas de una delincuencia sagaz que siempre está encontrando nuevas formas de eludir la acción de las autoridades y aprovechando los resquicios de leyes obsoletas y excesivamente garantistas”.

  Fernando J Ruiz en su informe Indicadores de Periodismo y Democracia en América Latina, manifiesta que “el periodismo colombiano  debe desarrollar estrategias de cobertura indirecta de las actividades de la sociedad criminal y evitar enfrentarla de forma directa.  Hay que comprender que los periodistas arriesgan demasiado sus vidas para enfrentar enemigos tan poderosos como la clase política, paramilitares, Fuerza Pública y demás actores criminales”. Según este informe, Colombia se encuentra en zona roja (clasificación del nivel de inseguridad a periodistas en Latinoamérica), pues la presencia paramilitar y su cohesión con la  clase política exceden los niveles de otros países como Argentina, Costa Rica, Perú, Bolivia, México, entre otros.

Según la Organización de Estados Americanos, desde 1995 a 2005, Colombia fue el país que más reportó asesinatos a periodistas con 75 casos, seguido por Brasil y México. En esta medida, es poca la garantía que los periodistas tienen para desarrollar su trabajo y garantizar sus vidas. Para nadie es un secreto que las maquinarias criminales están bien aceitadas y mejor estructuradas. Su inteligencia es cada vez mejor, pues es innegable que las instituciones del Estado poseen las mejores herramientas para la construcción de inteligencia y seguimiento siendo estos lugares, los epicentros en que se gesta la persecución criminal como lo es el DAS, el Ejército, la Policía y hasta la misma Casa de Nariño.